Ley Micaela: capacitación obligatoria en género

La Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, fue sancionada en enero de 2019. La misma establece la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia de género para todos los trabajadores de la función pública en todas sus jerarquías y niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

¿Cuál es el objetivo de la Ley Micaela?

La Ley Micaela fue sancionada con el fin de transmitir herramientas para que las personas que forman parte del Estado comprendan las múltiples aristas que componen las violencias y desigualdades de género.

Es importante que quienes desempeñan estas funciones tengan claro que cada acción del gobierno debe tener en cuenta el impacto diferenciado en las mujeres y LGBTI+.

La capacitación de los empleados públicos busca asegurar que se promuevan acciones que no contribuyan a la desigualdad de género ni a la violencia contra las mujeres.

¿Por qué se sancionó la Ley Micaela?

Esta Ley se implementó a 2 años del femicidio de Micaela García, una joven mujer de 21 años que fue víctima de un hombre que se encontraba en libertad condicional por haber cometido dos crímenes similares con anterioridad.

Este hecho desencadenó una gran conmoción social, así como también mucha actividad del movimiento “Ni Una Menos”, del cual Micaela también era parte. Esto impulsó debates y demandas históricas exigiendo fuertes reconfiguraciones a nivel institucional, poniendo en primer plano justamente, la necesidad de contar con organismos de Estados capacitados en perspectiva de género.

La Ley Micaela es otro gran cambio sociocultural, consecuencia de un caso que puso de manifiesto la ausencia de un Estado capacitado para salvar vidas con sus decisiones. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y existen muchas problemáticas de género en el mercado laboral que deben ser solucionadas, tales como los trabajos feminizados o la falta de políticas que contemplen el climaterio.